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Sentencia 4/04, de 13 de enero de 2004:
Un bar no puede disponer de música si no es de la categoría "Bar Especial"



[Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander] -0-04-20





1-:25

Juzgado Contencioso/Administrativo nº 2 de Santander



Sentencia nº 4/04



En Santander, a trece de enero de dos mil cuatro.


El Sr. D. JOSE IGNACIO LOPEZ CARCAMO, MAGISTRADO-JUEZ de Contencioso/Administrativo nº 2 de SANTANDER y su Partido, habiendo visto los presentes autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 58/2003 seguidos ante este Juzgado, habiendo sido parte demandante LAS MIL Y UNA COPAS S.L., representado por el Procurador D. JESÚS MARTINEZ RODRÍGUEZ y asistido por el Letrado D. CARLOS DEL RIEGO MARTÍN y parte demandada el AYUNTAMIENTO DE SANTANDER, representado por el Procurador Dª CARMEN SIMON-ALTUNA MORENO y asistido por el Letrado D. JUAN DE LA VEGA-HAZAS PORRUA.



ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO.- Con fecha 3 de septiembre de 2002, se interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la Alcaldía, de fecha 22 de marzo de 2002, así como contra la de 6 de junio, desestimatoria del Recurso de Reposición formulado contra la primera.


SEGUNDO.- El presente proceso se ha seguido por el cauce del proceso ordinario. Se ha practicado prueba documental y se ha celebrado el trámite de conclusiones escritas.


TERCERO.- La cuantía del pleito se ha considerado indeterminada pero determinable en menos de 18.000 euros.



FUNDAMENTOS DE DERECHO



PRIMERO.- En primer lugar, debe aclararse que las resoluciones impugnadas, aunque literalmente denieguen la licencia para la actividad de “Pub”, en realidad están denegando la ampliación de la licencia de “Café-bar” de que es titular la parte actora, ampliación consistente en la incorporación de un equipo de música.. Ello se infiere del propio contenido de la solicitud en vía administrativa de la parte actora y de la fundamentación de los actos impugnados, que no se refiere a la cuestión del aislamiento acústico, sino que se centra en que los equipos de música solo son posibles en actividades que cuenten con licencia de “Bar Especial”.


SEGUNDO.- La parte actora cuenta con una licencia de “Café-Bar” en la que expresamente se excluye la instalación musical, y pretende colocar tal instalación en su negocio con solo insonorizar el local y obtener una licencia de ampliación de la que posee, en el concreto punto de la posibilidad de instalar un equipo de música.


Pues bien, esa pretensión es improcedente. Veamos por qué:


Del art. 13.2 de la Ordenanza Municipal modificada en agosto de 2001, puesto en conexión con el art. 2.2, apartados “b” y “d” del Decreto 72/97, se infiere que la instalación de un equipo de música en los locales que cuenten con licencia de “Café-bar” o Bar del Grupo I, Tipo I, no puede lograrse con una simple ampliación de dicha licencia, sino que es preciso obtener una licencia para una actividad de otro grupo o tipo en el que se permitan las instalaciones musicales.


Dicho de otra forma: la instalación musical es elemento definidor de una determinada categoría de actividad distinta de la simple “bar” (que es la que ostenta la parte actora), es un elemento que, entre otros, permite diferenciar a los “bares” de los “bares especiales”; y, por ello, la instalación de un equipo de música implica un cambio de la naturaleza de la actividad que requiere de una licencia nueva y distinta, no una mera ampliación de la preexistente. Y esto no es baladí, ni una exigencia injustificada, pues la realización de la nueva actividad (cuyo elemento de diferenciación es la instalación musical y la prestación de divertimento que implica) requiere, según la normativa autonómica y local citadas, de nuevos y más exigentes requisitos (aislamiento, distancias...) cuyo cumplimiento se controla a través de una licencia específica para esa actividad; y, por otro lado, tal nueva actividad y la consiguiente licencia implican un régimen jurídico distinto que, entre otros aspectos, se proyecta sobre cuestiones de orden público y garantías frente a ruidos.


La pretensión de la parte actora de instalar en su local un equipo de música con solo la ampliación de la licencia que tiene, implica la consideración de una nueva categoría: la que podríamos llamar “Bar con instalación musical”, la cual no tiene respaldo normativo ninguno. Si se admitiese el planteamiento de la parte actora, se estaría permitiendo la instalación de un equipo de música y, por ende, la prestación de un elemento lúdico definidor de la actividad de “Bar Especial”, sin pasar por el cumplimiento de los requisitos propios de esa actividad, a través de la oportuna licencia específica, y sin integrarse en el régimen jurídico más riguroso de la misma.


Es de señalar que el informe del técnico municipal (folios 7, 8 y 9 del expediente) respalda lo expuesto, pues no afirma que la instalación cumple los requisitos de aislamiento de la actividad de “Bar Especial”, como parece entender la parte actora, sino que cumple los requisitos de aislamiento propios de la categoría de “Bar, Grupo I, Tipo I”, añadiendo que para instalar el equipo de música pretendido por la parte actora, ésta “deberá solicitar el paso de Bar a Bar Especial”.


La actividad de que se trata tiene un claro potencial de producción de ruidos en el medio ambiente urbano y, por ello, cabe traer a colación, a los efectos de justificar la interpretación que hemos hecho de la normativa implicada, la siguiente reflexión que se hizo en la sentencia de este Juzgado que puso fin al P.O. 95/02:


“La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo ha establecido que las inmisiones acústica, además de poder atentar contra el derecho a la integridad física y psíquica, en casos graves, conllevan, cuando superan lo razonablemente tolerable y aunque no constituyan un riesgo grave para la salud, vulneración del derecho a la intimidad y privacidad en el ámbito domiciliario (art. 8 del Convenio Europeo y 18 de la Constitución). Y de esta doctrina se puede deducir, por lo que ahora interesa, un reforzamiento, en términos de exigencia de rigor en la interpretación de las normas y mejora cualitativa y cuantitativa de la actividad administrativa, de los sistemas vigentes de control y prevención de ruidos. Esa dimensión constitucional del ruido ofrece a tales sistemas normativos un fundamento nuevo que, al mismo tiempo, justifica la precedente afirmación de reforzamiento, y tal fundamento es la especial vinculación de los derechos fundamentales (arts. 10.1 y 53.1 C.E.), de la que deriva, entre otras cosas, la obligación de todos los poderes públicos de aplicar con rigor y efectividad los instrumentos que el Ordenamiento pone a su disposición para la protección de dichos derechos frente a los riesgos que los acechan”.


Pues bien, la exigencia, en casos como el que nos ocupa, de una licencia nueva de actividad y no de una simple ampliación de la preexistente referida a una actividad distinta, entendemos va en la línea de rigor sobredicha, ya que se trata de actividades con alto potencial de producción de ruidos.


TERCERO.- En cuanto al alegato de trato desigual que hace la parte actora, basta con recordar que, según doctrina unánime del T.C., el derecho a la igualdad jurídica solo cabe en el marco de la legalidad, de lo que se desprende que si la situación que pretende el interesado no está, como es el caso, amparada por el Derecho, no puede constituirse una lesión del citado derecho a la igualdad con fundamento en un término de comparación en que ese Derecho se quebró.


CUARTO.- No apreciamos motivos que justifiquen la condena en costas.



FALLO



Desestimo el presente recurso contencioso-administrativo y declaro ajustados a Derecho los actos impugnados. Sin condena en costas.


Así por esta sentencia que se notificará a las partes con indicación de que es firme, dado que contra ella no cabe interponer recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el art. 81 de la L.J.C.A., lo pronuncio, mando y firmo.

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