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Sentencia que condena al Ayuntamiento de Santander a indemnizar a una vecina por el ruido de las obras del parking de la Plaza de La Esperanza



[Tribunal Superior de Justicia de Cantabria] -1-04-20





1-:21

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO




Sentencia nº 568/04



Iltmo. Sr. Presidente

Don César Tolosa Tribiño

Iltmos. Sres. Magistrados

Doña María Teresa Marijuán Arias

Doña María Josefa Artaza Bilbao



En la ciudad de Santander, a siete de julio de dos mil cuatro. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha visto el recurso número 286/2003, interpuesto por DOÑA ANA MARIA ESTEBANEZ ORTEGA, representada por el Procurador Henar Calvo Sánchez y defendida por la Letrado Dña. María Luz Ruiz Sinde, contra el AYUNTAMIENTO DE SANTANDER, representado por el Procurador Dña. María González-Pinto y defendido por el Letrado D. Juan de la Vega-Hazas. La cuantía del recurso es de 17.000 euros. Es ponente la Iltma. Sra. Doña María Josefa Artaza Bilbao, quien expresa el parecer de la Sala.




ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO: El recurso se interpuso el día 18 de marzo de 2003, contra la desestimación presunta, por silencio administrativo, de la petición formulada por la recurrente ante el Ayuntamiento de Santander, con fecha 18 de marzo de 2002, solicitando la adopción de medidas en relación a los ruidos y vibraciones producidos por las obras de construcción del aparcamiento de la Plaza de la Esperanza, e interesando entre ellas la indemnización de daños y perjuicios causados por la inactividad del Ayuntamiento ante las sucesivas reclamaciones de aquella a fin de que se cesasen los ruidos y vibraciones, no protegiéndole frente a la contaminación acústica y que los concreta en la efectiva existencia de un derecho fundamental vulnerado, la imposibilidad de disfrutar de su vivienda sita en el lugar de las obras y en el sufrimiento moral y físico –ansiedad- ocasionados por el ruido, que se cifra en el importe total de 17.000 euros.



SEGUNDO: En su escrito de demanda, la parte actora interesa de la Sala dicte sentencia por la que se declare la nulidad de las resoluciones combatidas, por ser contrarias al ordenamiento jurídico.



TERCERO: En su escrito de contestación a la demanda la Administración demandada solicita de la Sala la desestimación del recurso, por ser conformes a Derecho los actos administrativos que se impugnan.



CUARTO: Recibido el proceso a prueba y practicada la admitida, se señala fecha para votación y fallo, que tuvo lugar el día 1 de julio de 2004, en que efectivamente se deliberó, votó y falló.





FUNDAMENTOS DE DERECHO



PRIMERO: Se impugna a través del presente recurso la desestimación presunta, por silencio administrativo, de la petición formulada por la recurrente ante el Ayuntamiento de Santander, con fecha 18 de marzo de 2002, solicitando la adopción de medidas en relación a los ruidos y vibraciones producidos por las obras de construcción del aparcamiento de la Plaza de la Esperanza, e interesando, entre ellas, la indemnización de daños y perjuicios causados por la inactividad del Ayuntamiento ante las sucesivas reclamaciones de aquella a fin de que se cesasen los ruidos y vibraciones, no protegiéndole frente a la contaminación acústica y, que los concreta en la efectivo existencia de un derecho fundamental vulnerado, la imposibilidad de disfrutar de su vivienda sita en el lugar de las obras y en el sufrimiento moral y físico –ansiedad- ocasionados por el ruido, que lo cifra en el importe total de 17.000 euros.



SEGUNDO: La actora reclama en relación a las obras en las que se construyó un aparcamiento en la Plaza de la Esperanza, de Santander, en cuya proximidad tiene una vivienda y reside, pues entiende que en el periodo en que se realizaron las obras, desde el mes de mayo del año 2000 al mes de octubre de 2001, ambos inclusive, los ruidos y vibraciones le han ocasionado graves perturbaciones alterándole profundamente su calidad de vida de ella y del resto de los vecinos, estos no reclamantes, habiendo todos ellos solicitado la intervención de la Autoridad municipal para que cesaran los ruidos, más ésta mantuvo una total pasividad en vez de adoptar medidas en orden a su protección y de su vida privada e intimidad de ella como la del resto de los vecinos. La Administración demandada por su parte alega no acreditación de la relación de causalidad, pues señala que solo se han probado emisiones acústicas el día 5 de octubre de 2001, única fecha a que se refieren los dos informes de técnicos de medición de ruido aportados por la recurrente, que además aduce no se han efectuado por el método establecido en la Ordenanza municipal de ruidos, lo que le lleva a mantener tampoco se justifica la existencia de ruidos superiores a los permitidos y finaliza señalando que no se ha acreditado daños físicos ni materiales por la peticionaria.



TERCERO: En líneas generales, al Art. 106.2 CE de 1978, garantiza el derecho de los particulares, en los términos establecidos por la ley, a ser indemnizados por “toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.



El citado precepto constitucional ha dado un paso más en el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado, iniciado mediante los Arts. 120, 121 y ss., LEF 16-12-54, y confirmado en los Arts. 40 y ss., del texto refundido de la LRJAE 26-7-57; pues mientras esta última normativa jurídica se refiere al derecho de los particulares a ser indemnizados por el estado de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que aquella lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos o de la adopción de medidas no fiscalizables en vía contenciosa; el citado Art. 106.2 además de constitucionalizar, en tales casos, la responsabilidad del Estado, generaliza la misma para todos los supuestos (salvo el de fuerza mayor), en que la lesión sea sufrida por el particular, en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que aquella sea consecuencia de dicho funcionamiento de los servicios públicos, sin aludir al carácter normal o anormal del mismo.



Mas dicho precepto constitucional garantiza tal derecho “en los términos establecidos en la ley”, que en este supuesto no son otros que los dispuestos en el Art. 40.2 LRJAE, donde se recogen los requisitos que necesariamente han de concurrir para que proceda la indemnización reclamada por dicha vía, cual son:

a) Existencia de una lesión o daño en cualquiera de los bienes o derechos del particular afectado.

b) Imputación a la Administración de los actos necesariamente productores de la lesión o daño.

c) Relación de causalidad entre el hecho imputable a la Administración y la lesión, daño o perjuicio producido.

d) Que el daño alegado por los particulares sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

e) Que la acción de la responsabilidad indemnizatoria sea ejercitada dentro del plazo de 1 año, contado a partir del hecho que motivó la indemnización; cuyo plazo, no obstante la literalidad de la ley, es de prescripción y no de caducidad.


Estos mismos requisitos son los introducidos en la posterior Ley 30/92, en sus artículos 139 y siguientes, que regulan la responsabilidad de las Administraciones Públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio de forma parecida. Este precepto establece lo siguiente:

“Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

2.- En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

3.- Las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezcan en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos”.



CUARTO: Como tiene declarado el Tribunal Supremo, entre otras en la Sentencia de fecha 11 de febrero de 1991:

“Para el éxito de la acción de responsabilidad patrimonial, establecida en el Art. 40 LRJAE, consagrada hoy al más alto nivel normativo en el Art. 106.2º CE, se precisa según constante doctrina jurisprudencial, la concurrencia de una serie de requisitos, que resumidamente expuestos son: a) la efectiva realidad de un daño evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas; b) que el daño o lesión patrimonial sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervenciones extrañas que alteren el nexo causal; y c) que no se haya producido fuerza mayor”.



QUINTO: Toca ahora analizar la pretensión de indemnización formulada por la parte actora. Esto sentado, debemos comprobar si ha habido en el patrimonio jurídico una lesión resarcible imputable al Ente Local demandado, esto es, un daño real, individualizado, evaluable y antijurídico (en el sentido de que aquella no tiene el deber jurídico de soportarlo) que pueda afirmarse producido por la pasividad de la citada Administración ante las quejas del vecindario, entre ellos la hoy recurrente y Asociaciones, en una valoración jurídica (imputación) de la causalidad física existente.


Y de la valoración conjunta, realizada según las reglas de la sana crítica, de los elementos de prueba obrantes, entre ellos los dos informes periciales de parte, ratificados por los Sres. Peritos respectivos en prueba testifical articulada al efecto, testigos personas del vecindario en derredor a la zona de las obras y así como diversa documentación aportada en estas actuaciones relativas a denuncias y quejas sobre el malestar por los ruidos y molestias respecto a las obras de referencia y cursadas ante el Ayuntamiento ahora demandado y otros documentos en cuanto a las inconveniencias de estas mantenidas entre los vecinos y la contratista que las realizó, así como en el expediente administrativo e informe del Sr. Ingeniero Técnico de Construcciones Civiles de 11/09/02, que detalla las dificultades en la realización de las obras, resulta acreditado que en el periodo en que se realizaron las obras del aparcamiento subterráneo de la Plaza de la Esperanza de Santander, se produjeron inmisiones acústicas de modo seguido y continuo que superaban los límites superiores permitidos en la Ordenanza Municipal y, que dada la proximidad de la vivienda de la actora, sita en la misma zona donde estas se llevaban a cabo, le ocasionaron una perturbación grave que se puede reputar como intolerable ya que le afectaron a su persona e intimidad en el mismo ámbito domiciliario, siendo ello durante un tiempo que abarca la realización de las mismas, no controvertido y que abarca desde el mes de Mayo de 2000 hasta el mes de Octubre de 2001, todo lo cual le creó una ansiedad ante la imposibilidad de descanso y vida normal, no habiendo la Administración probado como le incumbía frente a esta reclamación, que ante esta situación molesta violentadora de la vida normal de los ciudadanos y ante las quejas de éstos, entre ellos la actora, se adoptasen medidas oportunas a fin de paliar en lo posible o evitar por completo, según las circunstancias o intereses en juego, primando los generales, pero teniendo en cuenta los de los residentes, de muy delicada naturaleza, sino que más bien se inhibió y dejó transcurrir el tiempo hasta que las mismas finalizaron y cesó el ruido y vibraciones generadas por aquéllas.



SEXTO: En el ámbito civil de las llamadas relaciones de vecindad (ámbito en el que el daño moral producido por las inmisiones acústicas ha sido considerado indemnizable, de forma unánime) aun partiendo de la independencia entre la consideración administrativa y la civil sobre el ruido, se ha acuñado el criterio de que la superación de los niveles máximos regulados por las Ordenanzas municipales es presunción “iuris tamtum” de la intolerabilidad civil de la inmisión acústica. Dice la Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, de fecha 29 de noviembre de 2001:


Ya se ha expuesto que los referidos informes, no contrarrestados por la Administración, y ratificados a presencia judicial denotan unos índices muy superiores a los límites establecidos en la Ordenanza municipal, lo que unido a las circunstancias anteriores contempladas como existentes hace que por esta Sala deba traerse a colación la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 119/01 de 24 de Mayo de motiva:


“Cuando la exposición continuada a unos niveles intensos de ruido ponga en grave peligro la salud de las personas, esta situación podrá implicar una vulneración del derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE). En efecto, si bien es cierto que no todo supuesto de riesgo o daño para la salud implica una vulneración del art. 15 CE, sin embargo cuando los niveles de saturación acústica que deba soportar una persona, a consecuencia de una acción u omisión de los poderes públicos, rebasen el umbral a partir del cual se ponga en peligro grave e inmediato la salud, podrá quedar afectado el derecho garantizado en el art. 15 CE.

Respecto a los derechos del art. 18 CE, debemos poner de manifiesto que en tanto el art. 8.1 CEDH reconoce el derecho de toda persona “al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia”, el art. 18 CE dota de entidad propia y diferenciada a los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar (art. 18.1) y a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2). Respecto del primero de estos derechos fundamentales ya hemos advertido en el anterior fundamento jurídico que este Tribunal ha precisado que su objeto hace referencia a un ámbito de la vida de las personas excluido tanto del conocimiento ajeno como de las intromisiones de terceros, y que la delimitación de este ámbito ha de hacerse en función del libre desarrollo de la personalidad. De acuerdo con este criterio, hemos de convenir en que uno de dichos ámbitos es el domiciliario por ser aquel en que los individuos, libres de toda sujeción a los usos y convenciones sociales, ejercen su libertad más íntima (SSTC 22/1984, de 17 de febrero, FJ 5; 137/1985, de 17 de octubre, FJ 2, y 94/1999, de 31 de mayo, FJ 5).

Teniendo esto presente, podemos concluir que una exposición prolongada a unos determinados niveles de ruido, que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, ha de merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, en el ámbito domiciliario, en la medida en que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad...”


Y en aplicación de este criterio, debemos entender que la intolerabilidad civil de la inmisión acústica integra la insoportabilidad a que el TC se refiere como presupuesto de la vulneración del derecho fundamental. Y la consecuencia es que habiéndose acreditado que los ruidos en el presente caso superaron los niveles permitidos por la Ordenanza aplicable y que resultaron muy molestos la única conclusión es que ha habido lesión del referido derecho fundamental.



SÉPTIMO: Asimismo, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, sec. 7ª, de 10 de abril de 2003, rec. 1516/1999 llega a la misma conclusión en razón de la superación de los niveles máximos de inmisión regulados en la normativa local y así manifiesta:


“TERCERO.- El motivo de casación debe ser acogido. El razonamiento de la sentencia recurrida no coincide con la más reciente doctrina jurisprudencial sobre la protección que ha de dispensarse con fundamento en el derecho a la inviolabilidad del domicilio, y uno de cuyos elementos más significativos es el de tutelar también el espacio físico domiciliario frente a los atentados medioambientales que dificulten gravemente su normal disfrute.

Es un exponente importante de esa jurisprudencia la sentencia del Tribunal Constitucional –STC- 119/2001, de 24 de mayo, que invoca expresamente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos reflejada en las sentencias de 21 de febrero de 1990 (caso Powel y Rayner contra el Reino Unido), de 9 de febrero de 1994 (caso López Ostra contra el Reino de España) y de 19 de febrero de 1998 (caso Guerra y otros contra Italia).
De la doctrina contenida en esa STC 119/2001 merece aquí destacarse lo que continúa.


“Que como domicilio inviolable ha de identificarse el espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y donde ejerce su libertar más íntima, por lo que el objeto específico de protección en este derecho fundamental es tanto el espacio físico en sí mismo como lo que en él hay de emanación de la persona que lo habita.
Que este derecho fundamental ha adquirido una dimensión positiva, en relación con el libre desarrollo de la personalidad, orientada a su plena efectividad.
Que habida cuenta que el texto constitucional no consagra derechos meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos, se hace imprescindible asegurar la protección del derecho fundamental de que se viene hablando no solo frente a las injerencias de terceras personas, sino también frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanzada.

Que el ruido puede llegar a representar un factor psicopatógeno destacado en el seno de nuestra sociedad y una fuente de permanente perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos (como lo acreditan las directrices marcadas por la Organización Mundial de la Salud sobre el ruido ambiental).

Que ciertos daños ambientales, en determinados casos de especial gravedad, aun cuando no pongan en peligro la salud de las personas, pueden atentar contra su derecho al respeto de su vida privada y familiar privándola del disfrute de su domicilio.
Y que debe merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la vida personal y familiar, en el ámbito domiciliario, una exposición prolongada a determinados niveles de ruido que pueda objetivamente calificarse como evitables e insoportables, en la medida que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de acciones y omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida”.



OCTAVO: Y esta misma resolución judicial del Tribunal Supremo, añade algo más, cual es la lesión del derecho fundamental y el consiguiente daño son ocasionados por la causa directa que proviene de la inactividad administrativa en el cumplimiento del RAMINP. Así la mencionada sentencia, razona:


“Baste recordar que los aps. F) y h) del art. 25.2 de la L 7/1985, de 2 Abr., de Bases de Régimen Local, atribuyen al Municipio el ejercicio de competencias en las materias de protección del medio ambiente y la salubridad pública; que el Art. 42.3 a) de la L 14/1986, de 25 Abr., General de Sanidad, señala el control sanitario del medio ambiente, como responsabilidad de los Ayuntamientos; y que el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas declara la competencia general de los órganos municipales para la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones sobre la materia (art. 6) y, más particularmente, les reconoce funciones de inspección sobre las actividades que vengan desarrollándose y potestad para adoptar medidas frente a las deficiencias comprobadas (arts. 36 y 37).



NOVENO: Por último, queda fijar la indemnización debida a la recurrente, y debe establecerse que el único daño indemnizable es el daño moral derivado de la inmisión y de su efecto de impedir el disfrute razonable del propio domicilio y del derecho fundamental a la intimidad en el ámbito domiciliario. No se puede en el presente caso tener en cuanta daños a la salud porque no se han acreditado éstos, pues el informe médico adjunto a la demanda solo detalla y describe la existencia de ansiedad, es decir, del daño moral, pero no determinan un daño psíquico cierto y debidamente delimitado. Y tampoco se ha acreditado ningún otro daño material ni económico.
La recurrente pretende en la demanda se condene a la Administración a indemnizar a la misma por los daños y perjuicios morales y patrimoniales experimentados en la suma de 17.000 euros, sin embargo esa cifra que establece la demanda carece de cualquier referencia que la avale en este recurso y que permita a esta Sala conocer en función de qué criterio o razonamiento se determina.

Para valorar esa pretensión y fijar la cifra del daño moral en la que debe ser indemnizada la recurrente es preciso sopesar las perturbaciones que como consecuencia del hecho se produjo en la vivienda y entorno de la demandante, y las consecuencias que para su vida comportan atendidas sus necesidades y circunstancias durante el periodo que duraron las mismas, que lo fue de un año y cinco meses.

Y se estima por la Sala la cifra reclamada como elevada y sin base o fundamento por lo que se establece ponderando todo lo expuesto y acreditado, que en el periodo de los quinientos quince días (515) a razón de seis (6) euros por día, ha de establecerse en la cantidad de 3.090 euros.



DECIMO: Respecto de los intereses, como afirma la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 1998:


“La reparación integral de los perjuicios sufridos con el fin de conseguir una completa indemnidad (Sentencias de esta y Sección del Tribunal Supremo de 14 y 22 de mayo de 1993, 22 y 29 de enero y 2 de julio de 1994, 11 y 23 de febrero y 9 de mayo de 1995, 6 de febrero y 12 de noviembre de 1996, 24 de enero, 19 de abril y 31 de mayo de 1997) requiere la actualización de la deuda, para lo que se debe utilizar el criterio del devengo de los intereses legales de ésta desde que se reclamó a la Administración en la vía previa hasta su completo pago (Sentencias de 14 y 22 de mayo de 1993, 22 y 29 de enero y 2 de julio de 1994, 11 y 23 de febrero y 9 de mayo de 1995, 6 de febrero y 12 de noviembre de 1996, 19 de abril y 31 de mayo de 1997), incrementado en dos puntos dicho interés legal desde la fecha de la sentencia pronunciada en la instancia conforme al art. 921 de la Ley de Enjuiciamiento civil (sentencias de 18 de diciembre de 1990, 3 de abril, 15 de junio y 30 de octubre de 1992, 22 de febrero, 22 de marzo y 3 de abril de 1993, 8 de octubre y 19 de noviembre de 1994, 11 de febrero, 18 de abril y 9 de noviembre de 1995, 6 de febrero, 24 de junio, 19 y 23 de noviembre de 1996, 15 de febrero, 19 de abril, 6 y 31 de mayo de 1997), con el limite de los seis millones de pesetas reclamados por la perjudicada y fijados por la Sala de primera instancia en su sentencia, a fin de evitar, de acuerdo con el principio de congruencia, la proscrita reformatio in peius (Sentencia de 19 de abril de 1997).

En consecuencia, deberán satisfacerse los intereses legales de la suma finalmente reconocida desde la fecha de la reclamación formulada en vía administrativa, esto es, desde el día 18 de marzo de 2002, incrementados en dos puntos desde la fecha de la presente Sentencia.



UNDECIMO: De conformidad con el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, n o procede la condena de ninguna de las partes al pago de las costas pues no han actuado con temeridad o mala fe procesales en la defensa de sus respectivas pretensiones.





FALLAMOS


Que debemos estimar y estimamos de parcial, el recurso contencioso-administrativo promovido por ANA MARIA ESTEBANEZ ORTEGA, contra la desestimación presunta de la petición dirigida al Ayuntamiento de Santander, con fecha 18 de marzo de 2002, solicitando la adopción de medidas en relación a los ruidos y vibraciones producidos por las obras de construcción del aparcamiento de la Plaza de la Esperanza, entre ellas, la indemnización de daños y perjuicios declarando la anulación de la misma por ser contraria al ordenamiento jurídico y condenando a la Administración a que abone a la recurrente ANA MARIA ESTEBANEZ ORTEGA la cantidad de 3.090 euros en concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados, más los intereses legales desde la reclamación en vía administrativa, incrementados en dos puntos desde la fecha de la presente Sentencia hasta su completo pago, sin que proceda hacer mención expresa acerca de las costas procesales causadas, al no haber méritos para su imposición.


Así, por esta nuestra sentencia, que se notificará a las partes con expresión de los recursos que en su caso procedan frente a ella, la pronunciamos, mandamos y firmamos.




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